

LAS CRUCES, Nuevo México – Lo que comenzó como una investigación sobre la presencia ilegal de un migrante venezolano armado en una vivienda en Las Cruces ha escalado a un caso federal con implicaciones para el sistema judicial de Nuevo México. José Luis “Joel” Cano, exjuez magistrado del condado Doña Ana, y su esposa Nancy Ann Cano fueron arrestados y enfrentan cargos por manipulación de pruebas en una investigación vinculada a Cristian Ortega-López, presunto miembro del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, considerado una organización terrorista extranjera por EE.UU.
Una redada conjunta liderada por el Departamento de Seguridad Nacional y la agencia ICE en la residencia de la familia Cano culminó con el arresto del exjuez Joel Cano y su esposa.
La investigación inició luego de una denuncia anónima recibida por el Departamento de Seguridad Nacional (HSI), que advertía que Ortega-López, quien cruzó ilegalmente la frontera en diciembre de 2023, residía ilegalmente en la propiedad de los Cano y estaba en posesión de armas de fuego. Posteriormente, se confirmó que Nancy Cano, esposa del exjuez, lo había contratado para labores domésticas y le ofreció alojamiento en la casa donde también vivían su esposo y su hija, con quien Ortega-López desarrolló una relación cercana.

Durante su estadía, Ortega-López publicó en redes sociales imágenes portando armas largas y cortas, incluidas un rifle AR-15 con supresor y una pistola Sig Sauer P365, tomadas dentro de la vivienda. Los agentes federales también encontraron tatuajes y símbolos relacionados con la pandilla Tren de Aragua, así como mensajes y notas de voz que lo vinculan con actividades criminales de la organización en Estados Unidos.
El 28 de febrero de 2024, agentes federales realizaron un cateo en la residencia y arrestaron a Ortega-López, quien fue acusado de posesión ilegal de armas y municiones, además de presencia ilegal en el país. Pese a las pruebas y a una evaluación que determinó que representaba un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad, un juez federal ordenó su liberación bajo ciertas condiciones. El Departamento de Justicia apeló la decisión.
Cinco días después del operativo, el 3 de marzo, el juez Cano presentó su renuncia al cargo, sin explicar motivos. Poco después, la Corte Suprema de Nuevo México determinó que no podrá volver a ejercer como juez ni postularse a cargos judiciales en el estado.

La situación dio un giro aún más grave cuando se reveló que tanto José como Nancy Cano presuntamente destruyeron evidencia. Ortega-López logró hacer llamadas desde el centro de detención Doña Ana, en las que Nancy Cano facilitó comunicaciones con terceros a través de un teléfono no recuperado inicialmente por las autoridades.
En una llamada posterior, ambos discutieron eliminar su cuenta de Facebook, donde había contenido incriminatorio. El 24 de abril, tras obtener una nueva orden de cateo, HSI encontró pruebas de que José Cano había destruido el teléfono faltante con un martillo.
Durante su estancia, Ortega-López forjó una relación cercana con la hija del matrimonio, de nombre también Nancy Cano.
La investigación federal señala como motivo esta relación la que presuntamente fue el arma de fuego que había en la casa, en violación a la ley federal, Ortega-López la escondió en el clóset. Ortega-López publicó imágenes posando con rifles y pistolas en sus redes sociales que coinciden con el interior de la residencia.
El 28 de febrero de 2024, fue arrestado por: posesión ilegal de armas y por estar en el país sin estatus legal. En la moción de detención preventiva, los fiscales argumentaron que Ortega-López representa un riesgo significativo de fuga y un peligro para la comunidad, especialmente por su presunta afiliación con la organización criminal venezolana Tren de Aragua.


La afiliación no se basa solo en su aspecto o en su origen. El documento judicial detalla que los agentes encontraron tatuajes con símbolos asociados a la pandilla, ropa con emblemas específicos, y lo más contundente: mensajes de voz y textos electrónicos ubicados durante la investigación, donde Ortega-López se comunica con otros presuntos miembros del grupo criminal.
La Corte Suprema Estatal de Nuevo México anunció que Joel Cano ya no podrá volver a ocupar un cargo judicial en Nuevo México. La decisión oficializa su inhabilitación tras la controversia, aumentando la presión sobre el sistema judicial local.

El documento cita mensajes en los que Ortega-López da a entender que ocultó su relación con el grupo delictivo a los miembros de la familia Cano.
Otros mensajes de texto muestran a Ortega-López conversando con otro hombre, quien al parecer lo advierte que tenga cuidado y evite incriminarse al compartir fotos. En esa misma conversación, el interlocutor aparentemente le pregunta si podrían conseguir una granada o “un par de 38”. Lo que podría exponer actividad dentro de Estados Unidos de esta organización.
Igualmente esta persona desconocida envia ua foto de una persona asesinada en venezuela decapitada en la calle.
La fiscalía también presentó el caso formalmente como United States v. Jose Luis Cano y United States v. Nancy Ann Cano en la corte del distrito de Nuevo México.

Ambos enfrentan cargos federales: José Cano por manipulación de evidencia y Nancy Cano por conspiración para manipular evidencia. Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión y multas de hasta $250,000.
En una entrevista posterior a su arresto, Joel Cano admitió haber destruido el dispositivo con un martillo porque creía que contenía fotografías incriminatorias de Ortega-Lopez portando armas.
Por su parte, Nancy Cano está acusada de conspirar con Ortega-Lopez para eliminar una cuenta en redes sociales con el fin de ocultar mensajes y fotografías comprometedores relacionados con la posesión ilegal de armas.
Ortega-López tuvo su audiencia el día de hoy, donde varias de estas pruebas fueron usadas. Igualmente reconocio a alguien en la audiencia y lo saludo.

