ALBUQUERQUE, Nuevo México- La exinspectora general de Albuquerque, Melissa Santistevan, presentó una demanda verificada el 11 de noviembre de 2025 en contra de la Ciudad de Albuquerque, el alcalde Tim Keller y otros funcionarios municipales, alegando que fue obligada a renunciar y sufrió trato adverso después de reportar irregularidades internas en diversas dependencias del gobierno municipal.
Santistevan, afirma que su salida del cargo el 2 de junio de 2025 ocurrió luego de documentar y reportar anomalías financieras, administrativas y posibles violaciones a políticas internas. Como Inspectora General, estaba encargada de supervisar investigaciones relacionadas con fraude, mal uso de fondos públicos y abuso de autoridad dentro del municipio.
La demanda señala presuntas violaciones a la Ley de Derechos Humanos de Nuevo México, la Ley de Protección para Denunciantes, la Ley de Pago Justo para Mujeres y la Ley de Fraude contra el Contribuyente.
Entre 2022 y 2023 la oficina dirigida por Santistevan identificó pagos indebidos bajo COVID Relief Funds a empleados no elegibles, una organización sin fines de lucro que habría cobrado de manera improcedente cerca de $100,000, así como desvío de fondos y mezcla inadecuada de contratos. Santistevan sostiene que estos hallazgos provocaron represalias en su contra. Alega que el alcalde Keller y miembros de su administración bloquearon la publicación de sus reportes finales, editaron o retrasaron su divulgación, negaron reuniones para revisar los resultados e incluso la acusaron de mala conducta. Además, indica que el abogado de la ciudad, Esteban Aguilar Jr., le comunicó que ya no era considerada para continuar en el puesto, y que el 2 de junio fue requerida a entregar sus llaves y equipo institucional.
En respuesta, la Ciudad de Albuquerque emitió un comunicado señalando que la firma independiente REDW desacreditó la calidad de varias investigaciones de la Oficina del Inspector General, citando falta de evidencia, errores y supervisión deficiente. La administración municipal también cuestionó la credibilidad de todas las investigaciones realizadas por Santistevan en los últimos cuatro años.
De acuerdo con la demanda, Santistevan completó nueve reportes de investigación final, entre ellos investigaciones sobre exposición a asbesto en el Gateway Project, irregularidades en contratos municipales y presuntas represalias a empleados que colaboraron con las auditorías. La exfuncionaria también argumenta que tenía el salario más bajo entre 27 directores municipales, y que una recomendación formal de aumento salarial de al menos $25,000 nunca fue implementada, lo que ella considera evidencia de discriminación de género.
Santistevan solicita dos veces su salario retroactivo, pago de costas legales y cualquier otro remedio que el tribunal determine apropiado.
