SUNLAND PARK, Nuevo México – La Corte Suprema de Nuevo México determinó que El Paso Electric Company no puede recuperar pérdidas económicas mediante tarifas actuales, luego de que estas fueran previamente invalidadas en apelación. El fallo confirma la negativa del regulador estatal y mantiene la prohibición de aplicar tarifas retroactivas.
¿Qué ocurrió?
El máximo tribunal de Nuevo México emitió una decisión unánime en la que reafirma un precedente legal que prohíbe el “retroactive ratemaking”, es decir, modificar tarifas de manera retroactiva.
La empresa eléctrica buscaba recuperar pérdidas registradas entre junio de 2021 y junio de 2023, periodo en el que las tarifas vigentes fueron posteriormente anuladas por la propia Corte.
Estado de la situación
La Corte respaldó la decisión de la New Mexico Public Regulation Commission, que rechazó la propuesta de la compañía para recuperar esos costos mediante nuevas tarifas.
El fallo, redactado por la jueza presidenta Julie J. Vargas, concluye que la empresa no presentó argumentos suficientes para modificar el precedente legal existente.
El caso surge tras una apelación previa en 2023, cuando la Corte determinó que la comisión reguladora violó el debido proceso de la empresa al excluir ciertos costos en el cálculo de tarifas.
Sin embargo, en esta nueva resolución, el tribunal enfatizó que la empresa no solicitó medidas como la suspensión de tarifas o mecanismos temporales durante el proceso de apelación, lo que pudo haber evitado las pérdidas.
Contexto o impacto en la comunidad
La decisión reafirma principios de equidad y certeza legal en el sistema de tarifas eléctricas, evitando que los costos de periodos pasados sean trasladados a los consumidores sin previo aviso.
Además, establece un precedente importante para futuras disputas regulatorias en Nuevo México, especialmente en ciudades como Las Cruces, donde opera la compañía.
En resumen, la Corte Suprema de Nuevo México rechazó que una empresa eléctrica recupere pérdidas pasadas a través de tarifas actuales, reafirmando una regla clave que protege a los consumidores y mantiene la estabilidad en el sistema regulatorio.
