El Proyecto de Ley 9, conocido como el Immigrant Safety Act, fue aprobado por la Legislatura estatal y ahora espera la decisión final de la gobernadora. Aunque la medida ya superó su paso por el Capitolio, el debate entre ambos partidos continúa, con demócratas defendiendo la iniciativa y republicanos advirtiendo posibles consecuencias económicas y de seguridad pública.
El pasado martes, el Senado de Nuevo México aprobó la propuesta, que prohíbe a gobiernos estatales y locales firmar acuerdos para detener a personas por infracciones civiles de inmigración y limita el uso de terrenos públicos para la detención de inmigrantes. La votación se dio con una mayoría de senadores republicanos en contra, lo que llevó al partido a emitir un comunicado acusando a los demócratas de priorizar la política sobre la seguridad pública y el empleo en el estado.
Entre los principales argumentos de la oposición, líderes republicanos sostienen que la ley podría provocar la pérdida de cientos de empleos vinculados a centros de detención y generar impactos económicos significativos para varios condados que actualmente mantienen contratos con el gobierno federal.
Vickie Marquardt, presidenta de la Comisión del Condado de Otero, expresó su respaldo a la instalación de detención de ICE en su condado, asegurando que quienes la critican no conocen de primera mano su funcionamiento. Añadió que el traslado de detenidos a otros estados podría exponerlos a condiciones desconocidas y potencialmente peores.
Marquardt también subrayó que, desde su perspectiva, el debate migratorio debe mantener un enfoque en el cumplimiento de la ley, al tiempo que llamó a diferenciar entre inmigración legal e ilegal.
Desde el lado demócrata, legisladores que impulsaron el proyecto defienden que HB 9 es una medida necesaria para proteger los derechos civiles y fortalecer la seguridad comunitaria. Argumentan que las operaciones de ICE han generado desconfianza y temor en comunidades inmigrantes, afectando la cooperación con autoridades locales.
La representante estatal Andrea Romero señaló que la actividad de ICE ha tenido un impacto negativo en la seguridad de comunidades en Nuevo México y el resto del país, y sostuvo que el proyecto busca frenar prácticas que consideran inconstitucionales.
Romero también cuestionó el modelo económico de los centros de detención, afirmando que el pago por cama crea incentivos para la detención masiva y deshumaniza a las personas bajo custodia.
Ahora, la decisión final recae en la gobernadora, quien deberá determinar si firma o veta el proyecto. Mientras tanto, el Immigrant Safety Act sigue siendo un punto central de tensión política en Nuevo México, reflejando posturas opuestas sobre inmigración, seguridad y el papel del estado frente al gobierno federal.
