La Propuesta de Ley 99, conocida como reformas a la Ley de Negligencia Médica, avanza en la Legislatura de Nuevo México. La iniciativa busca reducir el número de demandas y los costos de los seguros médicos con el objetivo de evitar que más doctores abandonen el estado, una preocupación creciente ante la escasez de personal médico en Nuevo México.
Según el reporte de impacto fiscal presentado a la Legislatura, el Proyecto de Ley 99 propone que una misma lesión, o lesiones relacionadas, se consideren como un solo caso legal, limitando así el número de reclamos en demandas por negligencia médica.
Además, la propuesta propone calcular las compensaciones en función de los costos reales de la atención médica, en lugar de los montos originalmente facturados, e introduce cambios en el Fondo de Compensación para Pacientes, utilizado en ciertos casos de negligencia médica.
Entre los cambios más significativos, el proyecto elimina los pagos adelantados elevados para gastos médicos futuros y propone que estos sean cubiertos según sea necesario. También establece que los daños punitivos solo se otorgarían si un juez determina, con evidencia clara, una conducta grave, en lugar de incluirse automáticamente al inicio de una demanda.
La Oficina del Superintendente de Seguros estima que, de aprobarse la ley, las primas de seguros por negligencia médica podrían reducirse alrededor de un tres por ciento.
Este avance se produce en un contexto de crisis en el sistema de salud del estado. Actualmente, 32 de los 33 condados de Nuevo México sufren escasez de profesionales de la salud, tanto en atención primaria, salud conductual, salud dental o combinaciones de estas. Además, una encuesta estatal revela que el 65 por ciento de los médicos está considerando dejar el estado, siendo los daños punitivos la principal razón para el 83 por ciento de ellos.
Dentro del proceso legislativo, la propuesta ha avanzado con modificaciones y se encuentra actualmente bajo revisión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Si se aprueba, la ley entraría en vigor 90 días después de la conclusión de la sesión legislativa, programada para el 20 de mayo de 2026.
El proceso continúa centrándose en lograr un equilibrio entre mantener protecciones para los pacientes y crear un entorno más estable que permita retener a médicos y hospitales en Nuevo México.
