La Corte Suprema Revisa la Ciudadanía por Nacimiento: El Impacto del Decreto de Trump

La Corte Suprema ha acordado este viernes evaluar la constitucionalidad del intento del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento a través de un decreto, brindando así a los jueces la oportunidad de reconsiderar lo que ha sido visto como una ley establecida desde el siglo XIX.

Con la aceptación de esta apelación, la corte aborda de manera directa el núcleo de una controversia que había evitado previamente, cuando falló a favor de Trump por razones técnicas sobre cómo los tribunales inferiores habían tratado los cuestionamientos a dicha política.

A pesar de que las teorías legales presentadas en la apelación del Gobierno han sido consideradas marginales por muchos, incluidos algunos conservadores, el caso atraerá la atención del público en el periodo de sesiones de la Corte Suprema iniciado este otoño. Esto también señala la disposición de la corte para considerar un argumento legal innovador propuesto por la Casa Blanca.

Un fallo a favor de Trump podría transformar radicalmente un principio de larga trayectoria en el derecho constitucional y de inmigración en EE. UU., presentado desafíos significativos para aquellos ciudadanos que actualmente enfrentan dificultades para documentar a sus recién nacidos.

La Corte escuchará los argumentos el próximo año y es probable que emita una decisión antes de finales de junio.

“No hay quizás ningún tema, desde el inicio de este Gobierno, en el que el presidente Trump haya estado más equivocado que en su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto”, señaló Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown.

“La conclusión es que esto viola las disposiciones relevantes, la Decimocuarta Enmienda y la interpretación autoritativa de esa cláusula constitucional por parte de la Corte Suprema en 1898”, continuó. “A pesar de que la Corte había respaldado a Trump anteriormente en limitar medidas cautelares contra su política, ahora que el caso regresará al fondo, hay muchas razones para creer que esta Corte podría rechazar su argumento; la gran pregunta será cuál de los múltiples fundamentos las utilizarán para hacerlo”.

Dos décadas después de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868, la Corte Suprema ya se pronunció en el caso EE.UU. v. Wong Kim Ark, afirmando que las personas nacidas en el país, como el hijo de inmigrantes chinos, tienen derecho a la ciudadanía estadounidense, salvo algunas excepciones. Sin embargo, el Gobierno de Trump arguye en su apelación que este precedente ha sido malinterpretado durante años.

A pesar de la clara interpretación de la cláusula de ciudadanía en la opinión de 1898, el Gobierno de Trump le dijo a la Corte Suprema que esta noción era “incorrecta” y había dado lugar a “consecuencias destructivas”. Trump ha incluido la eliminación de la ciudadanía por nacimiento como un componente central de su agenda de inmigración.

“La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda fue adoptada para otorgar la ciudadanía a los esclavos recién liberados y a sus hijos, no a los hijos de visitantes temporales o extranjeros ilegales”, argumentó el procurador general D. John Sauer, principal abogado del Gobierno ante la Corte Suprema.

Aunque la Corte Suprema tomó una decisión significativa en junio respecto al decreto de ciudadanía por nacimiento, el enfoque principal fue sobre cuestiones procesales relacionadas con el alcance de la autoridad de los tribunales inferiores para bloquear políticas propuestas por un presidente. Una mayoría de 6-3 en la Corte limitó, pero no eliminó completamente, el poder de los tribunales para detener tales políticas.

Tras esa decisión, la política de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento fue rápidamente impedida nuevamente por tribunales utilizando diversos métodos, y nunca se implementó efectivamente.

Los tribunales inferiores, conformados por jueces tanto conservadores como progresistas, han emitido fallos en contra del decreto del Gobierno.

“Su caso no es más que un conjunto de afirmaciones históricas incorrectas, citas inapropiadas, doctrinas recién creadas y, sobre todo, preferencias políticas”, manifestaron la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos que representan a los demandantes individuales durante su intervención ante la Corte Suprema este año.

La Corte ha decidido escuchar los argumentos en un caso presentado por un juez de Nueva Hampshire, que prohibió la implementación del decreto de Trump respecto a cualquier bebé afectado por la política, en una demanda colectiva interpuesta por la ACLU.

No obstante, no aceptó otro caso separado que provenía del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., con sede en San Francisco, que confirmó la decisión de un juez de Seattle que había bloqueado la política a nivel nacional en un caso interpuesto por un grupo de estados liderados por demócratas.

La diferencia probablemente se relaciona con la naturaleza de los demandantes; el caso del Noveno Circuito discutía la legitimación de los estados para impugnar dicha política.

Firmado por Trump el 20 de enero, el decreto titulado “PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE” establece que el Gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía de EE. UU.” a ningún niño nacido en el país de padres que se encuentran allí ilegalmente o que están en el país de manera temporal.

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