El Concejo Municipal de Albuquerque ha decidido retrasar la votación de una ordenanza que busca fortalecer las protecciones para los inquilinos en la ciudad. Aunque se ha retrasado la medida, la propuesta sigue activa y podría volver a discutirse en los próximos días.
Esta ordenanza forma parte del Proyecto de Ley del Senado 267, una iniciativa que busca proporcionar a la ciudad las herramientas necesarias para hacer cumplir las protecciones para inquilinos que ya existen a nivel estatal pero que aún no se aplican a nivel local.
De ser aprobada, la medida requeriría que los propietarios informen con anticipación todas las tarifas relacionadas con el alquiler, incluyendo los costos de solicitud y verificación. El objetivo es incrementar la transparencia y reforzar las protecciones para los arrendatarios en Albuquerque y en todo el estado.
En una conferencia de prensa, la concejala del Distrito 6, Nichole Rogers, confirmó que seguirá promoviendo la ordenanza de prácticas de alquiler, a pesar de la solicitud del Concejo de más tiempo para analizar la propuesta. Rogers destacó la urgencia de abordar los desafíos que enfrentan los inquilinos para garantizar equidad y estabilidad en el mercado de vivienda local.
“Tenía la esperanza de poder proporcionar estas protecciones necesarias a los inquilinos de Albuquerque en nuestra última reunión del Concejo”, afirmó Rogers. “Aunque se ha solicitado más tiempo para deliberar, los problemas que enfrentan nuestros inquilinos, como tarifas ocultas, falta de transparencia y dificultades para pagar el alquiler, no pueden esperar. Debemos actuar con prontitud”.
La ordenanza también propone establecer un límite de 50 dólares para las tarifas de evaluación de solicitantes y exigir la devolución de dicho dinero en determinadas circunstancias. Asimismo, reduciría los cargos por pagos atrasados, ampliaría los plazos de notificación para aumentos de alquiler y permitiría imponer sanciones civiles a propietarios que incumplan con la normativa.
La propuesta sigue en curso y está programada para regresar a la agenda del Concejo Municipal el 21 de enero, fecha en la que podría ser considerada definitivamente.
