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ALBUQUERQUE/SANTA FE, Nuevo México- Con el inicio de una nueva sesión legislativa, legisladores demócratas en Nuevo México buscan reactivar propuestas que prohíban las detenciones migratorias a nivel estatal, reabriendo un debate que ya ha sido discutido en años anteriores, pero que ahora vuelve a cobrar fuerza.
Uno de los antecedentes clave es el Proyecto de Ley 9, presentado durante la primera sesión legislativa de 2025 y conocido como el “Immigrant Safety Act”. Esta iniciativa buscaba impedir que agencias estatales y condados firmaran o renovaran contratos para detener personas por violaciones civiles de inmigración.
Aunque la propuesta no avanzó en esa sesión, expertos señalan que este tipo de esfuerzos son recurrentes dentro de la Legislatura. El politólogo Jerry Smola explicó que, incluso cuando una iniciativa no logra aprobarse, suele ser presentada nuevamente en sesiones posteriores.
“No es extraño que se intente revivir una iniciativa que ya se presentó el año pasado. Y si no pasa este año, es de esperarse que el próximo vuelva a presentarse, porque el estado está ampliamente a favor de este tipo de ideas”, señaló Smola.
Sin embargo, Smola advirtió que uno de los principales obstáculos para que estas propuestas prosperen es el proceso legislativo y el tiempo limitado de las sesiones.
“Esto inicia en la Cámara de Representantes, después debe ser aprobado por el Senado y finalmente llegar a la firma de la gobernadora. Esta vez quedan solamente cuatro semanas. No es que la Legislatura no esté a favor, sino que el tiempo es muy complicado”, explicó.
Las iniciativas actuales también se alinean con el Dignity Not Detention Act, un esfuerzo más amplio que busca prohibir la colaboración entre el estado, los condados y las agencias del orden público con ICE en la detención de personas por violaciones civiles de inmigración.
Desde su perspectiva, Smola también destacó el contraste entre ambos partidos en torno a la política migratoria.
“Por un lado está el Partido Demócrata, que constantemente apoya a nuestra comunidad inmigrante y a la comunidad hispana. Por el otro, los republicanos que, en su mayoría, acompañan las ideas del gobierno federal de poner fin a este tipo de políticas”, afirmó.
Actualmente, Nuevo México cuenta con tres centros de detención de ICE, ubicados en los condados de Torrance, Cibola y Otero. Estas instalaciones tienen capacidad para albergar a aproximadamente 1,500 personas, en su mayoría solicitantes de asilo, bajo contratos entre ICE y los gobiernos locales. En octubre de 2024, el Comité Asesor de Nuevo México de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos votó para iniciar una investigación formal sobre posibles violaciones a los derechos civiles en estos centros, basándose en reportes continuos, una queja federal relacionada con el centro de Torrance y una demanda por muerte injusta.
El debate también pone en evidencia la relación tensa entre el gobierno estatal y el gobierno federal en materia migratoria. Smola señaló que actualmente ambos niveles de gobierno avanzan en direcciones opuestas.
“Lamento decir que no puede haber una relación más dañada que la que tenemos ahora. El estado de Nuevo México va en una dirección y el gobierno federal va en casi la dirección opuesta en la mayoría de los temas”, dijo.
La nueva sesión legislativa comenzará el próximo 20 de enero, y se espera que este tema vuelva a discutirse en el Capitolio estatal.
