Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 24 de diciembre de 2025
Kansas está nuevamente en el centro del debate nacional sobre el derecho al voto. Un nuevo informe advierte que la experiencia del estado con leyes que exigen prueba documental de ciudadanía para votar debería servir como una advertencia clara para el Congreso y para aquellos estados que están avanzando en iniciativas similares.
El análisis, producido por Dēmos, Campaign Legal Center y State Voices, examina datos de Kansas y Arizona, concluyendo que estas leyes son costosas, propensas a errores y terminan excluyendo a votantes elegibles, a pesar de que la ciudadanía ya es un requisito legal para votar en Estados Unidos.
Una política que ya fracasó en Kansas
Kansas puso en marcha su ley de prueba documental de ciudadanía tras la aprobación del Kansas Secure and Fair Elections Act (SAFE Act) en 2011. Desde 2013, toda persona que se registraba para votar debía presentar documentos como un pasaporte o un certificado de nacimiento.
Esta medida estuvo en vigor por poco más de tres años antes de que un juez federal la bloqueara. En 2018, la ley fue declarada inconstitucional, y en 2020, el Décimo Circuito de Apelaciones confirmó el fallo.
Durante este período, más de 30,000 kansanos vieron sus registros suspendidos o invalidados, según el informe.
Costos mucho mayores a lo prometido
Uno de los hallazgos centrales del informe es el impacto financiero. Los legisladores estimaron inicialmente que la ley costaría apenas $12,500 en su primer año fiscal y $1,000 en el siguiente. Sin embargo, la realidad fue muy diferente.
En su primer año completo, la Oficina del Secretario de Estado gastó más de $192,000 para implementar la ley. El informe estima que el gasto total superó los $350,000 entre su aprobación y entrada en vigor, sin contar los costos posteriores derivados de errores y litigios.
Además, el estado pagó $1.9 millones en honorarios legales tras perder dos demandas relacionadas con la ley.
Errores administrativos y falta de coordinación
El informe documenta una “ruptura prolongada” en la comunicación entre el Departamento de Vehículos Motorizados, la oficina del Secretario de Estado, las oficinas electorales de los condados y los votantes. Los empleados del DMV no estaban autorizados a solicitar prueba de ciudadanía ni a informar a las personas sobre el nuevo requisito, generando confusión masiva. Kansas también carecía de sistemas tecnológicos adecuados para verificar números de pasaporte o certificados de nacimiento.
“Cuando se vincula la verificación de ciudadanía a bases de datos no diseñadas para ello, surgen errores”, explicó Lata Nott, directora de política de derechos electorales del Campaign Legal Center. “Y esos errores no son menores: le quitan a la gente su derecho al voto”.
El fraude que nunca se probó
La ley fue promovida por el entonces secretario de Estado, Kris Kobach, con el argumento de combatir el fraude electoral. Sin embargo, nunca se demostró fraude en los tribunales. Según la Corte de Apelaciones, solo 39 no ciudadanos se registraron para votar en Kansas entre 1999 y 2013, lo que representó apenas el 0.002% del padrón electoral.
“El problema no era el fraude, sino fallas administrativas”, concluyó el tribunal, señalando que la ley tuvo un impacto desproporcionado en los votantes.
Impacto en comunidades vulnerables
Los autores del informe advierten que las leyes de prueba de ciudadanía funcionan como una forma de supresión del voto, afectando más severamente a comunidades históricamente marginadas. “Son barreras sociales que afectan especialmente a votantes de color, personas de bajos ingresos y comunidades excluidas”, comentó Neda Khoshkhoo, directora interina de democracia en Dēmos.
A medida que otros estados como Indiana, New Hampshire, Ohio y Wyoming aprobaron leyes similares en 2025, los expertos anticipan que el debate se intensificará en 2026.
Una advertencia para el futuro
Aunque una propuesta federal para requerir prueba de ciudadanía no ha avanzado, el informe sostiene que la experiencia de Kansas demuestra que estas políticas no solo no cumplen su objetivo, sino que generan costos fiscales, caos administrativo y pérdida de confianza pública.
“Cuando se combinan los costos financieros con el daño real a los votantes, es necesario replantear seriamente el valor de estas políticas”, afirmó Marissa Liebling, de State Voices.
Fuente original: Noticias Kansas
Por Karen Gutierrez
26 Dec, 2025
